Luis Mayol dice que están pasando muchas cosas en materia agrícola en Chile. Sobre todo en lo que se refiere a la consolidación como un país exportador de alimentos, lo que se ratifica en cifras: en 1976 se exportaron 400 millones de dólares en estos productos; en 2000, la cifra subió a US$2.000 millones; y en 2012, los retornos llegaron a 14.500 millones de dólares.


Así, destaca la búsqueda de nuevos mercados para hacer frente a las coyunturas económicas. “El año pasado abrimos la exportaciones de arándanos a Corea. Este año, se envió carne bovina a ese mismo destino. Además, el 100% de los arándanos y el 67% de las cerezas importadas por China en 2012 fueron chilenas”, advierte, adelantando de paso que faltan algunas autorizaciones para abrir el mercado de India para la pequeña fruta azul.


Pese a eso, reconoce que hay algunos problemas de competitividad. “Lo tenemos claro: el tipo de cambio, el costo de mano de obra y el costo de la energía”, dice, remarcando que todos estos aspectos se están abordando a nivel gubernamental de una u otra manera.


Con todo, afirma que desde el Ejecutivo se están propiciando una serie de modificaciones a diversos instrumentos y servicios ligados con el agro, de manera de darle un nuevo impulso a la actividad silvoagropecuaria.


Así lo comentó el ministro de Agricultura en el reciente día de campo de Bioleche, quien destacó al menos tres iniciativas que ya vieron la luz y que, según considera, van en directo beneficio de los agricultores chilenos.


Por una parte está la recién promulgada Ley de Muestra y Contramuestra que regula las transacciones agropecuarias, dando mayor transparencia al mercado de los granos principalmente.


Asimismo, apunta la Ley de Abigeato, que está en curso desde mediados de 2012 y que -afirma- ha hecho caer en 30% este tipo de delitos, merced de nuevas atribuciones y herramientas para perseguir este tipo de ilícitos tanto para las policías, como para fiscales y el Servicio Agrícola y Ganadero.


Junto a ello, cuenta el nuevo postnatal extendido que va en directo beneficio de miles de trabajadoras del sector.


Pero Mayol también aprovechó de señalar los énfasis que trae la agenda legislativa sectorial para esta temporada, con al menos 7 iniciativas que están en distintas etapas en el Parlamento y que en algunos casos deberían ver la luz durante este ejercicio.



Nuevo ministerio


Una de las novedades dadas a conocer por el secretario de Estado se refiere al proyecto de Ley que crea el nuevo Ministerio de Agricultura, Alimentos y Recursos Forestales.


Y ahora se incluirá la Pesca, a solicitud del propio Presidente de la República, Sebastián Piñera, lo que ha hecho demorar un tanto la iniciativa en cuanto a su elaboración y arribo al Congreso.


Se trata, dice Mayol, de una nueva institucionalidad que apunta a reforzar la inocuidad y sanidad fito y zoosanitaria en la producción de alimentos en toda la cadena, tanto productiva como de la industrialización.


Mayol no cree que el proyecto tenga alguna oposición muy cerrada, pues ha estado en los programas de otros gobiernos, por lo que confía en una tramitación más o menos rápida en el Parlamento. “Vamos a tener de una vez por toda, como sector, un ministerio potente”, asegura.


El proyecto de ley se encuentra en su fase final de evaluación en el Ejecutivo, para posteriormente ingresar a trámite en el Congreso, lo que debería ocurrir en unos 30 a 60 días.



Indap reformulado


Otra de las iniciativas que están en análisis, es la propuesta de cambio del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).


“Este proyecto de ley está prácticamente listo. A través de esto, Indap va a tener mucha más participación en lo que es la ruralidad. Tenemos que evitar que nuestros hijos se sigan yendo del campo a la ciudad. Y para eso necesitamos instituciones potentes”, recalca el ministro.


En concreto, la propuesta contiene una nueva definición de usuario Indap, considerando 3 segmentos: vulnerable, comercial y medianos.


Además se propicia un sistema de acreditación, un mecanismo para enfrentar las emergencias agrícolas y la participación de la entidad en el diseño y ejecución de políticas de desarrollo rural, incluida la celebración de convenios y contratos con distintos ministerios.


En ese plano, quizás el cambio más trascendente se refiere al aumento de la cobertura de Indap. Hoy, de los 300 mil productores agrícolas chilenos, 220 mil tienen menos de 2 hectáreas. Y 50 mil tienen entre 2 y 12 hectáreas.


En concreto, a través de un cambio legal que está en estudio, se pretende incluir a aquellos que tienen entre 12 y 50 hectáreas de superficie, los que, según Mayol, “están muy desprotegidos”.



Fomento forestal


Luis Mayol dice que este año las exportaciones silvícolas llegarán a los 5.500 millones de dólares. Y enfatiza que esto no sería posible sin la existencia del decreto de ley 701 de fomento a la forestación.


Se trata de un instrumento que según el personero “ha sido el motor del sector”. Pero reconoce que hay que modificarlo y modernizarlo de manera profunda.


Por ello, sostiene que es clave la aprobación del Proyecto de Ley de Modificación y Extensión del Decreto de Ley 701 ingresado al Congreso en septiembre de 2012.


Este apunta a recuperar las tierras de aptitud preferentemente forestal, contribuir a la lucha contra la desertificación, fomentar las plantaciones en tierras deforestadas y mitigar los gases de efecto invernadero por la captura de carbono. Y como objetivo central, se plantea la meta de plantar 470 mil hectáreas en 20 años.


“Este proyecto de Ley está enfocado en los más chicos. Los grandes hace mucho tiempo que egresaron del subsidio”, afirma, aclarando de paso que la nueva ley no bonificará una sola hectárea de aptitud agrícola, llevando tranquilidad a los agricultores ante una eventual competencia desigual por tierras con el sector silvícola.


Pese a que ha demorado más de la cuenta -de hecho sólo en la Comisión de Agricultura tuvo 140 indicaciones y hoy está en la Comisión de Hacienda con 90 indicaciones-, Mayol confía en que el proyecto sea aprobado durante este año.



Más riego


En cuanto al riego, el personero explica que ya está en el Congreso la modificación de la actual Ley 18.450 de fomento a la inversión privada en obras de riego y drenaje, que comenzó su tramitación el 15 de enero en la Comisión de Agricultura del Senado.


La iniciativa permitirá la postulación de obras con un costo de hasta 250 mil Unidades de Fomento (UF) -hoy sólo llega a 30.000-.


Y establece además que sobre las 50 mil UF, sólo podrán participar organizaciones de usuarios. Su propósito es fomentar la inversión privada en obras medianas e incorporar fines de multipropósito; también beneficiar e incentivar en la gestión y operación de las obras a las organizaciones de usuarios. “Queremos que se asocien”, remarca.


Adicionalmente, menciona que están abocados a generar una Política Hídrica Nacional, junto al Ministerio de Obras Públicas.


En ese plano, afirma que ya se están desarrollando una serie de catastros hídricos en las principales cuencas chilenas. A partir de estos datos, se tomarán acciones y proyectarán las eventuales inversiones y modificaciones reglamentarias necesarias.



El trabajo


“Hoy el Código del Trabajo es urbano. Está hecho para las ciudades, para el comercio, para la banca. Pero no para la agricultura que tiene tiempos propios, los tiempos de la naturaleza”, sostiene el secretario de Estado.


Por ello, en esa materia están realizando una gran reforma. “Y la gracia es que se está haciendo en conjunto con los dirigentes de gremios empresariales, los sindicales y la pequeña agricultura”, valora.


De ese modo se pretende modificar las normas del Código del Trabajo sobre trabajadores agrícolas, en el proyecto que es conocido como el Estatuto Laboral Agrícola.


Entre sus aspectos relevantes está la incorporación de un nuevo artículo que permitirá interrumpir la jornada de trabajo en más de una ocasión, con el acuerdo de las partes. También, se agrega la posibilidad de celebrar pactos colectivos por faena determinada.


Adicionalmente incluye adecuaciones especiales para los trabajadores agrícolas de temporada, relativas al registro de sus contratos en la Inspección del Trabajo; la anualización de sus rentas para efectos de evitar la pérdida de beneficios estatales, mejoras en los plazos de pago y monto de los saldos de remuneraciones; y el establecimiento de un contrato de trabajo definido cuando en virtud de dos o más contratos por faena prestaren servicios continuos o discontinuos a un mismo empleador por 10 meses, en un lapso de 12 meses.



Distorsiones


Las distorsiones del mercado derivado de las importaciones, es otro tema que genera controversia en el sector agropecuario.


Al respecto, el ministro de Agricultura señala que esto se está abordando por dos vías.


La primera, a través de un decreto para modificar por reglamento, aquellos aspectos que pueden ser variados por ese camino. “Está por salir de la Contraloría el dictamen que adecua los plazos y ciertos mecanismos de transparencia a lo que señala la Organización Mundial de Comercio”, explica.


Y adelanta que, por ejemplo, se establece que la Comisión de Distorsiones no podrá declarar inadmisible una investigación sin dar fundamentos claros.


Lo que no se pueda modificar por vía reglamentaria, será abordado a través de un proyecto de ley. “Hoy está en la Secretaría General de la Presidencia. Y a través de él se busca modificar la composición de la Comisión de Distorsiones, se le dan nuevas atribuciones a la secretaría técnica y además se establecen algunos mecanismos de reconsideración y apelación”, menciona.



¿transgénicos?


Hoy en Chile se da la dicotomía de que se pueden producir semillas transgénicas para exportar, pero no para consumir en el país. Sin embargo, sí se pueden importar vegetales modificados genéticamente. De hecho el 50% del maíz que se consume en el país es importado y transgénico.


Mayol da cuenta de una realidad: la superficie mundial de cultivos transgénicos se multiplicó por 100 desde 1996. “Entonces no podemos seguir sacándole el cuerpo a este tema. Tenemos que manejarlo bien, en forma técnica”, dice.


En ese sentido, señala que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso con amplio respaldo de parlamentarios de distintas tendencias, al cual se le deben realizar las indicaciones respectivas. “Nosotros estamos trabajando para hacerlo bien. Formamos un comité técnico de primer nivel que está abocado al tema”, asevera.


A partir de este comité asesor, se pretende afinar una propuesta que sea consensuada y que sea la más adecuada para la realidad agrícola nacional.


Mayol remarca la relevancia de que todos estos proyectos cuenten con la debida participación de los agricultores para mejorarlos cuando corresponda. “El aporte de los gremios y sobre todo de los parlamentarios es fundamental. No se olvide que el 68% de los parlamentarios, y los diputados sobre todo, son elegidos en las zonas rurales, por lo que tienen una tarea importante por delante. Tenemos proyectos buenos. Incluso algunos que han formado parte de los programas de gobiernos anteriores, por lo que no vemos por qué van a existir demoras”, dice a Campo Sureño.

 

Fuente: Revista del Campo Sureño