La semana pasada, un escueto comunicado del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sorprendió al mundo ganadero. “En vista de las exigencias en materia de inocuidad que ha determinado la Unión Europea, que impactan a todo el Mercosur y especialmente a Chile, el Servicio Agrícola y Ganadero ha decidido suspender, de manera temporal, la certificación para la exportación de carnes bovinas a ese destino”, señalaba el texto publicado en el sitio web del organismo.

Y agregaba que para concretar la reapertura del sistema chileno de certificación de carnes de bovino a la UE, “es fundamental desarrollar un trabajo conjunto y coordinado entre el sector público y privado, lo que exige un compromiso total de todos los actores involucrados”.

Lo cierto es que se trata de una decisión que se explica por una mala evaluación realizada por la Comisión Europea en varias auditorías, donde se apreciaron problemas reiterados del sistema de trazabilidad sanitaria y de los predios PABCO.

La última fiscalización se desarrolló entre el 18 de febrero y el 1 de marzo. Y en ella el sistema chileno quedó mal parado.

Así lo señala el documento oficial enviado al SAG por parte de Bernard Van Goethem representante de la Comisión Europea, el 22 de marzo.

En concreto, durante la auditoría se identificaron deficiencias relevantes en relación con los controles oficiales de los animales exportables a la UE. Y enfatiza que, aunque se han tomado algunas medidas de parte de las autoridades chilenas a partir de recomendaciones anteriores, éstas resultaron ineficaces.

El documento agrega que en el ámbito de la trazabilidad, existe en Chile un amplio conjunto de procedimientos, incluso presentes en un manual de procedimientos. Sin embargo, esto no impidió las deficiencias en varios ámbitos.

Sobre el sistema de producción específico para exportar a la Unión Europea, donde se incluye los Planteles Animales Oficiales Bajo Control Oficial (PABCO), el equipo de auditoría confirmó deficiencias ya detectadas durante revisiones anteriores y muchas otras.

Entre las principales, menciona que no todos los movimientos de los animales exportables están registrados en el Sistema de Información Pecuaria (Sipec).

Asimismo, remarca que existen retrasos significativos de hasta varias semanas entre la salida de los animales de la explotación y el registro del movimiento en la base de datos (debe ser menor a cinco días). Y agrega que no existen sanciones por no respetar los plazos.

Un tercer problema es que un número de PABCO podría cubrir dos o más explotaciones, incluso que tengan ubicación geográfica diferente.

El informe asegura que los dispositivos de identificación individual no garantizan la trazabilidad completa, pues muchas veces los animales ya identificados todavía no se han introducido en la base de datos.

Adicionalmente, plantea que existe un proceso deficiente de parte de los veterinarios autorizados durante la supervisión de las explotaciones PABCO. Y además, afirma que el sistema de verificación de la actuación de los veterinarios es ineficiente.

En ese mismo plano, considera que –según lo visto en terreno- los tratamientos veterinarios masivos no estaban bien identificados ni registrados.

Con todo, la comisión llegó a al conclusión de que el sistema PABCO A, no está en condiciones de garantizar que lleguen a Europa los productos que cumplen con las especificaciones requeridas.

Y aún más, resalta que el Sipec no puede garantizar la trazabilidad de los bovinos, ni que los productos exportados a UE no se originan en animales que han sido tratados con sustancias prohibidas.

tiempo

Así, teniendo en cuenta la gravedad de las deficiencias evidenciadas, la comisión consideró la posibilidad de adoptar medidas provisionales. Pero ofreció a Chile la posibilidad de no tomar acciones inmediatas, si es que Chile suspendía (antes del 8 de abril) la entrega de certificados de exportación de carne fresca. Una suspensión que debe mantenerse hasta que las autoridades pongan en vigor las medidas correctivas apropiadas que podrían garantizar que la situación se ha resuelto satisfactoriamente.

Tras ello, el SAG resolvió tomar en cuenta la recomendación, la semana pasada, y anunció que las certificaciones se suspenderían hasta nuevo aviso.

De hecho, en su sitio web informa que “la suspensión apunta a satisfacer en el corto plazo las condiciones que ha definido la Unión Europea, por lo que los envíos deberían retomarse en la próxima cuota arancelaria, es decir, el 1 de julio de este año”.

Chile tiene una cuota anual (de julio a julio) libre de arancel de 1.950 toneladas a la UE. Hasta el 31 de enero, se habían utilizado 807. La mayor parte (en la UE) a Alemania, Francia, Reino Unido y Holanda.

En el SAG señalan que no se esperan efectos graves en el mercado interno, pues las ventas a la UE representan el 0,7% de la producción local.

Fuente: Revista del Campo Sureño