Hace algunos años, Estados Unidos identificó que la enfermedades transmitidas por alimentos (ETA´s) son una carga significativa para el gigante de la economía mundial: aproximadamente 48 millones (1 de cada 6 norteamericanos) se enferman al año, 128.000 son hospitalizados y unos 3.000 mueren por este tipo de patologías.

El 15% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos es importado, lo que se suma a un suministro cada vez más complejo y de alta tecnología.

Por ello, en 2011 el Presidente Barack Obama se firmó la Ley de Modernización de la Inocuidad de Alimentos de la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos que comenzó un proceso paulatino de implementación desde entonces a la fecha.

Se trata de una legislación que exige un enfoque integral la inocuidad de los alimentos, considerando el sistema alimentario como un todo y el aporte y responsabilidad todos quienes participan en la cadena alimentaria.

Básicamente, los procesadores de todo tipo de alimentos vendidos en los EEUU deberán evaluar los riesgos potenciales de sus operaciones y supervisar e implementar las medidas necesarias para prevenir la contaminación de los productos y realizar las correcciones que sean necesarias. Y dentro de esa categoría entran los países exportadores.

Para Chile el tema es relevante. En 2012, el 20% de las exportaciones silvoagropecuarias nacionales, equivalentes al 3.000 millones de dólares, se enviaron a EE.UU siendo el principal destino local.

Marcos Sánchez-Plata se desempeña en Miami como Especialista en Inocuidad de Alimentos de los Programas “Agronegocios y Comercialización” y “Sanidad Agropecuaria e Inocuidad de Alimentos” del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

Hace algunos días estuvo en Chile participando de las actividades de un proyecto de cooperación técnica que lidera el IICA y que apunta a desarrollar y validar instrumentos de apoyo a iniciativas de preparación y acompañamiento de productores y agroempresarios para cumplir con los nuevos requisitos de ingreso al mercado de los EE.UU.

Según explica Sánchez-Plata,  el IICA tiene el objetivo de realizar la difusión de información relacionada a la nueva ley de inocuidad del FDA de los EE.UU. Y de manera concreta, cómo preparar a la industria y agencias oficiales en los detalles de la Ley FSMA (Food Safety Modernization Act).

Pese a eso, aclara que el proceso ha sido lento. Y seguirá siendo así. “La entrada en vigencia será en un tiempo más. Porque hay muchas cláusulas que están todavía en desarrollo. Por ese tema ha existido una demora. Yo creo que unos dos años recién podría entrar en vigencia”, aclara el especialista ecuatoriano a Campo Sureño.

-¿Qué rol juegan los sistemas nacionales de inspección dentro de esta nueva normativa para vender alimentos en Estados Unidos?

-Hay un capítulo, que es un componente de la ley, que se refiere a los socios estratégicos. Y allí están presentes los sistemas nacionales de inspección. Eso de alguna manera se incorpora en la ley.  A partir de ello va a existir una evaluación o comparabilidad de los sistemas nacionales.  Como el FDA no puede tener inspectores en cada país, entonces los países pueden tener certificaciones avaladas por los gobiernos locales, de manera que la FDA pueda considerarlas como válidas.

-¿Y se ha avanzado en esa materia para validar los elementos a comparar en los sistemas nacionales?

-Este ejercicio se hizo con Nueva Zelandia, con un instrumento que se llamó comparability food . En ese caso se analizó la equivalencia y la comparabilidad del sistema de certificación de ese país con el del FDA. Si ese ejercicio se publica, puede ser que desde ese momento surjan negociaciones bilaterales con otros países donde se pueda validar esta comparabilidad. Me parece que esto se está haciendo con China y con México que son los principales proveedores de Estados Unidos. Y Chile vendría también en esta lista, por ser otro de los proveedores importantes de este mercado.

¿Nada nuevo?

En Estados Unidos, llegó el punto en que las inspecciones en el puerto de entrada no podían cubrir el incremento en los alimentos importados.

De ese modo, la ley determinó que los importadores serían ahora los responsables de asegurar que sus surtidores en el extranjero tengan implementados controles preventivos adecuados

Pero a juicio del experto, en el fondo no “hay nada nuevo” o que Chile no pueda cumplir.  Por ello, sostiene que la industria local está bien preparada.

“Todos los componentes de la ley  se refieren a cosas que Chile le ha correspondido ir haciendo de una u otra manera para mercados más exigentes como Europa o Asia. Por eso, no es que sea algo nuevo.  Simplemente, la manera como se gestiona y como se maneja es un poco más comprometedora, porque hay sistemas informáticos, registros de plantas, perfiles de riesgos por establecimiento”, advierte,

-¿Pero dónde está el enfoque de la ley entonces?

-Esta ley se actualiza respecto de lo que están haciendo otros mercados. Porque había dejado un poco libre a los productos no cárnicos. Los cárnicos sí son muy exigentes en términos de inocuidad. Pero en el resto no había muchos estándares, lo que cambia con esta ley. Ello, porque se han tenido muchos casos de enfermedades atribuidos a productos que no eran tan controlados. Pero insisto, son cosas que se han venido haciendo. Entonces no creo que las empresas que ya han venido exportando a Europa, tengan muchos problemas en implementar las cuestiones que pide la Ley FSMA.

-Es decir, ¿con ello se genera una exigencia de inocuidad similar a la que se aplica para ingresar a Europa?

-La verdad es que no es necesariamente similar a lo que se hace en Europa. Yo diría que es un poco más flojo que el sistema europeo. En síntesis, son cosas que se debieron hacer hace tiempo y no se habían hecho. Cosas que se vienen trabajando en países exportadores, como la trazabilidad, el retiro de productos y estándares de contaminación de frutas y verduras y que no se habían implementado como sistema en Estados Unidos.

-Desde esa perspectiva, ¿quiere decir que no debería existir una gran preocupación en países como Chile para hacerse cargo de lo que señala la ley?

-Yo no creo que deba existir tanta preocupación en la región, porque los sistemas de inspección en los países del cono sur, como Argentina, Brasil o Chile, ya están aptos para mercados incluso más exigentes que el de Estados Unidos.  El impacto será mucho más fuerte en Centroamérica y el Caribe, donde hay pequeños productores que proveen a Estados unidos y donde les debería costar un poco más cumplir con las normativas. Debido a eso, Estados Unidos destinó fondos para la capacitación de esa zona geográfica. Para países que tienen una cultura exportadora fuerte, como Chile, no le veo tantas complicaciones.

-Y en este escenario, ¿dónde debería fijarse la mirada por parte de los sistemas nacionales de inspección. El chileno por ejemplo?

-El mayor impacto está relacionado con saber qué áreas van a tener más énfasis. Por ejemplo, se debe identificar qué programas equivalentes tienen en Chile. Es decir, realizar un ejercicio de saber qué tenemos y cuánto de eso cumple lo que nos están pidiendo. Es un autodiagnóstico comparándose con lo que está escrito. Y ahí vemos que hay otro problema, porque todavía se está escribiendo la ley. La FSMA se firmó en el mes de enero de 2011, pero hay muchos componentes que no se han publicado. Eso sí, los dos más fuertes salieron este año. Creemos que en uno o dos años más se debería terminar de escribir la ley. Y después va a existir un periodo de espera: un año para plantas grandes, dos años para medianas y tres para pequeñas.

-Entiendo que existe cierta flexibilidad en su aplicación en cuanto a los proveedores más pequeños…

-Hay una cláusula un tanto proteccionista, para empresas muy pequeñas, que permite que no se le apliquen algunos componentes de la ley FSMa si venden menos de 25 mil dólares al año. Y algo así puede ocurrir con los productores chilenos, porque cabe recordar que la ley debe aplicarse tanto para los países aliados como los países exportadores dentro de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Fuente: Revista del Campo Sureño