El cambio de renta presunta a renta efectiva para algunos productores, la eliminación del FUT y las nuevas tasas para los alcoholes son los aspectos del proyecto de ley que más inquietan al agro, aunque en términos generales los gremios y académicos no prevén una incidencia significativa.

Las indicaciones que realizó el Gobierno el martes pasado al artículo 2 del proyecto de ley de reforma tributaria aliviaron parte de las inquietudes que ha generado la iniciativa en los distintos sectores del agro. Entre los cambios que se consideraron -y que fueron aprobados por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados- se morigeró el alza del impuesto a los alcoholes, con la eliminación de la sobretasa de 0,03 UTM por cada litro de alcohol puro contenido, manteniendo un aumento fijo de 18% de gravamen, más un 0,5% por cada grado alcohólico.

La medida fue bien recibida en las industrias del pisco y del vino, que con la primera versión de la iniciativa legal, habían estimado la desaparición de casi un 20% de los productores más pequeños de pisco.

Pese a que esta tasa es la que atañe en forma específica al sector agrícola, no es el único punto de la reforma tributaria que ha generado preocupación en los gremios del rubro. En la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) creen que, en términos generales, el proyecto es “nefasto” para la agricultura, y plantean que en particular el artículo que ordena el cambio de renta presunta a renta efectiva para los contribuyentes con ventas anuales que superen las 2.400 Unidades de Fomento (UF) -equivalentes a entre $50 y $60 millones al año- generará costos adicionales y complicaciones para los agricultores más pequeños, quienes viven en zonas rurales, tienen bajo nivel educacional y acceso limitado a las telecomunicaciones.


El término del Fondo de Utilidades Tributarias (FUT) -mecanismo que, básicamente, permite reinvertir las utilidades no retiradas de una empresa, y pagar impuestos sobre ellas una vez que se retiran- es otro de los aspectos que provoca dudas en los gremios, en relación al efecto que tendrá sobre la inversión en sectores como el frutícola, una de las ramas agrícolas que ha incorporado más tecnología e innovación, y que desde organismos como Fedefruta plantean que se traducirá en una pérdida de competitividad para el rubro.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Carlos Furche, asegura que la reforma no tendrá un gran impacto para el sector, ya que los productores más pequeños no van a tener cambios en su situación tributaria y a que aspectos como la eliminación del FUT, tendrían un efecto más bien acotado a las empresas con ventas superiores a las 100 mil UF al año, que representan menos del 1% del agro.

Por su parte, el director del Departamento de Economía Agraria de la Universidad Católica, Óscar Melo, es más cauto y plantea que en el área agrícola, que históricamente ha tenido problemas de acceso al financiamiento, cualquier reforma que limite ese aspecto o lo encarezca es algo que complica al crecimiento del sector. “La reforma va a encarecer cualquier inversión que se quiera hacer, eso es independiente de los efectos puntuales que pueda tener”, asegura el académico, considerando el proyecto de ley tal cual como está diseñado hasta ahora.



Renta presunta versus efectiva

El régimen de renta presunta permite, en el sector agrícola, que los productores más pequeños tributen sobre una presunción de renta, sin llevar contabilidad formal y, por lo tanto, pagan de acuerdo con lo que la ley determina para la actividad -considerando el 10% del avalúo fiscal de un inmueble agrícola- y no sobre los resultados obtenidos.

De acuerdo con estimaciones de la SNA, actualmente el 75% de los agricultores en Chile pagan impuestos de esta manera y con la entrada en vigencia de la reforma tributaria, entre 30 mil y 40 mil contribuyentes del sector deberían pasar a renta efectiva. Esto significaría que los agricultores tendrán que llevar un registro más estricto de aspectos como los ingresos y ventas, lo que se traduce en mayores costos administrativos, por la contratación de contadores.

Sin embargo, el ministro Carlos Furche dice que serán solo alrededor de ocho mil los contribuyentes del sector agrícola que tendrán que cambiarse de renta presunta a efectiva, en general productores medianos o grandes, y recalca que el sistema de renta presunta “es evidentemente una situación de excepcionalidad, que para empresas maduras no se justifica, o se justifica para muy pequeños productores”.

“El hecho de pasar de renta presunta a renta efectiva contribuye también a una mayor formalización del sector y abre la posibilidad de que cuando existan años malos esos productores que tienen renta efectiva, si tienen pérdidas, no tributen. Entonces, a mí me parece que esta medida no tiene mayor impacto sobre el sector”, asegura el titular de Agricultura.

Efectivamente, el cambio de renta presunta a efectiva es un tema que tiene años de debate en el país. De hecho, el presidente de los productores frutícolas, Juan Carolus Brown, dice que este cambio es algo que tenía una muerte anunciada, por lo que no vale la pena defenderla, y proyecta que entre el 80% y 90% de sus asociados estarán afectos a renta efectiva.

En tanto, el ministro explica que para evitar que el cambio implique un mayor costo administrativo, los contribuyentes podrán optar a un sistema de contabilidad simplificada que tiene el Servicio de Impuestos Internos (SII) por internet, que estará disponible para todos quienes estén por debajo del nivel de ventas de 25 mil UF anuales, sin más condiciones.

Frente a esa solución, la gerenta del departamento de estudios de la SNA, Ema Budinich, explica que el cambio complicará al sector por sus características particulares, como el bajo nivel educacional, poco conocimiento contable y la desconfianza que, en consecuencia, eso genera.

“Es un sector que tiene un nivel de educación más bajo que el promedio de otras áreas, que viven en zonas rurales, con servicios limitados, y donde además el promedio de edad de los trabajadores es de 55 años, por lo que no tienen conocimientos de computación”, detalla.

En ese sentido, plantea que, como está concebida, la reforma es muy brusca y debería considerar una etapa de adaptación para las pequeñas empresas.

“Yo creo que es súper importante la gradualidad, en relación a cuándo va a empezar a regir la reforma y de qué manera se va a ir entrando en régimen, pero con un apoyo público sistemático a la formalización de los pequeños productores. Eso es fundamental”, afirma Ema Budinich.

Desde otro punto de vista, el académico de la UC Óscar Melo plantea que este cambio puede tener beneficios para los mismos productores, ya que al llevar contabilidad se les podría facilitar el acceso al crédito, porque pueden presentar esos antecedentes al banco y así, dar seguridad sobre cuál es su capacidad de pago.

Además, apunta a un tema que pocos mencionan, y que es el espíritu de la reforma. “Hasta donde he logrado entender, lo que se busca es tomar los casos en los que la renta presunta está escondiendo situaciones para las que no está pensada. Es en esos casos donde están esperando que muchas personas pasen a un sistema en el que tendrán que pagar más impuestos”, explica Melo, y añade que al analizarlo desde esa perspectiva, no debería ser muy grande el cambio en el sector agrícola.

“Tal como está hoy el sistema hay muchas causales por las cuales sales de renta presunta. El hecho de que tengas otra empresa, otro tipo de ingresos, rápidamente te lleva a que no puedas tenerla”, puntualiza el director del Departamento de Economía Agraria de la UC.

A esa mirada, el abogado tributario de Araya & Cía., Tomás Vio, añade el cambio que se generará en la venta de propiedades agrícolas para quienes hoy tributan bajo renta presunta, ya que la reforma considera mecanismos de valoración de esos bienes inmuebles distintos a los actuales.

“Cuando entre en vigencia la reforma, el año comercial 2015, quienes están en presunta van a tener que hacer un balance inicial para valorar sus activos. En ese momento tendrán que anotar el valor de su bien raíz según avalúo fiscal o de adquisición debidamente reajustado, pero no van a tener la opción que existe hoy, de hacer una tasación para el avalúo, lo que les afectará al momento de vender la propiedad, porque el mayor valor que se genere en esa venta va a estar sujeto a impuesto”, explica Vio.


El fin del FUT

Si bien en el Minagri prevén un efecto acotado del término del FUT para las empresas agrícolas, y en la academia y la SNA dicen no tener una estimación exacta de qué tan extendida es su utilización, en Fedefruta están preocupados.


Juan Carolus Brown es categórico al afirmar que el fin del FUT va a provocar un daño al sector agrícola, en general, y al frutícola en particular. “Se van a ver tremendamente afectadas su capacidad de inversión y de reinversión, y creer que eso no va a pasar es iluso”, indica.

Explica que hoy pueden reinvertir las utilidades gracias al FUT, lo que no necesariamente es en maquinarias, sino que en mantener la capacidad instalada, lo que implica que para pagar por el total de las utilidades percibidas, muchos agricultores tendrán que endeudarse, porque no tienen esas ganancias invertidas en valores, sino que en el campo.

“Es muy fácil pedir cosas, pero yo creo que se debería incorporar una excepción que autorice al sector frutícola a no pagar el 100% de lo que corresponde por las utilidades devengadas, sino que dejar un porcentaje para hacer inversiones. Se debería haber estudiado la realidad de cada sector, porque no es lo mismo una empresa grande que un productor que tiene 10 hectáreas de uva. La capacidad de financiar el déficit es muy distinta”, asegura Brown.

Frente a ese planteamiento, el ministro Furche cree que el fin del FUT no tendrá un efecto importante, ya que su utilización se da en las grandes empresas del rubro, y agrega que, en general, su mantención no tiene justificación en la actual economía chilena. “Es un mecanismo de financiamiento a cero costo, así está concebido, y claramente pertenece a otra etapa del desarrollo de Chile, ya que hoy las empresas tienen amplio acceso al financiamiento, tanto local como internacional, también en el sector agrícola”, dice Carlos Furche.

Lo que sí cree que puede interesar al sector agrícola es el mecanismo de depreciación instantánea que considera el proyecto de ley. “Si alguien compra maquinaria puede tener el beneficio de la depreciación instantánea, que permite rebajar en ese ciclo tributario inmediatamente todo el costo de ese bien de capital adquirido, incluso si es usado”, explica.

Desde la SNA, Ema Budinich plantea, tanto por el FUT como por el alza de impuestos general, que se trata de “una piedra de tope más” para el sector agrícola, que desde hace nueve años ha experimentado una pérdida sistemática de competitividad.

“Es un sector donde se necesita constantemente la reinversión, lo que sobre todo los más chicos han hecho con mucha dificultad. Está el desafío de reconvertirse y transformarse en un agricultor moderno, lo que es muy difícil por las condiciones geográficas, el ciclo natural de la agricultura y el difícil acceso al crédito, y la reforma es nefasta para eso, porque se está quitando capital de trabajo”, dice.




Impuesto a los alcoholes

Las indicaciones que se realizaron al aumento del impuesto a los alcoholes calmaron los ánimos en el sector pisquero y vitivinícola. En este último, de hecho, optaron por no hacer más declaraciones públicas hasta no evaluar cuáles serán los pasos a seguir, luego de haber publicado una serie de insertos en medios de prensa detallando en cifras lo que representa esa industria.

El presidente de la Asociación de Productores de Pisco, Pelayo Alonso, reconoce que la nueva fórmula propuesta por el ejecutivo no es la que quisieran, porque sigue exigiendo un esfuerzo adicional al sector, pero agradece que sus planteamientos hayan tenido acogida y que se haya ajustado el cambio del gravamen. “Creemos que sí va a haber un impacto, pero menor a lo que consideraba la medida original. Ahora es transversal a toda la industria y, con eso, de alguna manera es más justo, porque la reforma original contemplaba una modificación al actual impuesto por ventas y, además, generaba uno nuevo”, detalla.

Además, Alonso dice que están trabajando en ver qué medidas pueden tomar para que el efecto del alza no impacte tan negativamente a los cooperados más pequeños, aunque no pierde las esperanzas de que el incremento no se concrete.

“Queda un largo camino por recorrer, pero entendemos que esto es un paso importante… Creemos que la condición existente de impuestos era la adecuada, porque ya estamos pagando el doble de tributación que las demás bebidas alcohólicas”, afirma Pelayo Alonso.

Desde el punto de vista del Gobierno, el ministro Carlos Furche asegura que con la indicación que ingresó, la discusión respecto del impuesto a los alcoholes estaría saldada, tanto para el vino como para el pisco, según los cálculos del Minagri .

En cuanto a los productores de vino, sin embargo, la gerenta de estudios de la SNA, Ema Budinich, cree que nuevamente se está dejando de lado la preocupación por los pequeños productores, al igual que con el cambio a renta efectiva.

“El alza en el impuesto a los alcoholes está castigando al consumo interno, asumiendo que es un instrumento eficiente para eso, y ahí yo tengo mis dudas. Asumiendo eso tienes que pensar que esos productores debieran tener las capacidades para producir vinos de exportación, y ahí de nuevo, no está la preocupación por incorporarlos”, dice.

Budinich adelanta que en la SNA están afinando un informe para evaluar la reforma tributaria y su impacto cabal en el sector para presentarlo al Senado, y desde ya insiste en que la gradualidad del alza de los impuestos es un aspecto fundamental que debiera considerarse.

“Aquí no hay sponsors divinos, y la plata que se gana se invierte para mejorar el negocio. El país no puede pretender llegar al desarrollo sin mejorar en competitividad y para eso se requieren recursos, y eso se saca del crecimiento económico”, concluye Ema Budinich.


Menos del 1% de las empresas del agro tendrían ventas superiores a las 100 mil UF anuales.
 

Fuente: Revista de Campo