La nueva propuesta de ley, en el Congreso, permitiría a las empresas descontar impuestos, hasta por 15 mil UTM anuales, cuando se trate de proyectos de investigación, lo que podría significar un salto en inversión en I+D. Sin embargo, preocupa la lentitud de su aprobación.

Chile invierte poco y nada en Investigación y Desarrollo. Mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, destinan entre el 2,3% o 2,7% de su Producto Interno Bruto en I+D, a nivel nacional apenas se alcanza entre el 0,4, y 0,6%. Poco para los expertos, quienes cuestionan la falta de foco y el desaprovechamiento de instrumentos y oportunidades. Lo que se necesita es incentivar que las empresas destinen recursos para investigación y desarrollo.

Y si bien desde el 2008 existe la Ley Nº 20.241, que permitiría descontar de impuestos hasta un cierto monto, cuando se invierta en investigación y desarrollo, las trabas burocráticas no le permitieron avanzar. Pero la presión de expertos, empresas, universidades e instituciones de investigación consiguió que en marzo de este año entrara al Congreso un proyecto que resuelve, las trabas que imponía la versión anterior.

Se espera con expectación, pues podría significar precisamente dar un salto en inversión en I+D en el país. Y si bien distintos sectores concuerdan en que el proyecto, que hoy está en segundo trámite legislativo en el Senado, es mucho más claro y da mejores opciones a las empresas. El problema ahora es la lentitud para su aprobación.

buena idea mal aterrizada

Desde el 2005 venía sonando la posibilidad de un proyecto de Ley para descontar de los impuestos la inversión en I+D. La idea, impulsada en ese entonces por el Foro de Innovación conformado por cien expertos en la materia, fue considerada de las más importantes, ya que permitiría al país una fórmula de financiamiento concreto para dar un salto en investigación.

La idea gustó tanto que efectivamente se llevó a un plan de trabajo hasta convertirse en el 2008, en la Ley para incentivo tributario de I+D, la Nº 20.241.

En ese entonces se estableció un crédito contra el impuesto de primera categoría equivalente al 35% de los desembolsos en contratos de investigación, es decir, se descontaría de los impuestos dicho porcentaje de inversión.

Sin embargo, había condiciones. Y la que empezó a convertirse en una piedra en el zapato fue la que imponía que los proyectos siempre fueran realizados por centros certificados por Corfo. Se habló de que esto había transformado una iniciativa brillante en una ley que daba demasiado poder a la institución, la que se transformó en una especie de guardia pretoriana.

"El proyecto se resaltó como emblemático en la gestión de Bachelet, pero lo primero que hizo el Gobierno fue corforizarla. Estaban asustados de que los empresarios les descontaran chanchullos de impuestos. Es decir, se produjo una paranoia tan grande, que muchas atribuciones de la Ley se podían ejecutar sólo si Corfo las autorizaba. Así, destruyeron la idea", sostiene Raúl Rivera, presidente de ForoInnovación, y uno de los cien expertos del panel que propuso la iniciativa.

En rigor no es que la ley dependiera de Corfo de forma absoluta, pero sí muchas autorizaciones y papeleo pasaban por la institución, por lo cual varias iniciativas quedaban entrampadas. Así, el avance nunca se produjo.

A ello se agregaba que el tope de los proyectos era bajo, y que había que tener ventas de al menos 15% de la investigación, lo que ya dejaba fuera a mucha pyme.

Ante esa realidad, los afectados lloraron reajustes en el proyecto. Hasta que los escucharon y, en marzo, un proyecto remozado entró al Congreso.

Los cambios que gustan

Entre los principales cambios del proyecto, los expertos destacan aquellos que permitirían incentivar de forma rotunda la inversión en el país.

Así, elimina de plano el tope de 15% sobre los ingresos brutos para utilización de crédito.

"La pequeña empresa estaba muy limitada porque había un ítem de 15% de ventas. Eso lo estamos eliminando. Así, si por ejemplo una compañía de fertilizantes biodinámicas, que quiere una nueva variedad de polinizante, pero no vende porque está haciendo I+D, ahora sí puede usar el beneficio tributario aunque aún no tenga ventas y utilidades", explica Conrad von Igel, ex jefe de la división de innovación del Ministerio de Economía y actual subdirector ejecutivo de InnovaChile.
Otro punto que se considera clave es que aumenta significativamente el tope del proyecto desde 5.000 UTM anuales, a 15.000 UTM, y se amplia el portafolio de lo que se entiende por I+D, incorporando, además de los gastos comunes, los gastos de capital, patentamiento y propiedad intelectual. Eso permitirá deducir de impuestos no sólo los gastos por la inversión en ciencia e investigación pura y dura, sino que también lo invertido en infraestructura, maquinaria y equipo.

"Los límites para grandes empresas eran bajos. Podían descontar tributariamente 5 mil UTM, que son 400 mil dólares anuales, lo que es poco. Con el cambio se abre la posibilidad de que cualquier tipo de I+D cuente con beneficio tributario. Además, se amplían los límites a 15 mil UTM (1,2 millones de dólares anuales), lo que es interesante para empresas grandes", indica Von Igel.

A ello se agrega que permitiría disminuir el crédito a utilizar de 35 a 30%. Aunque la cifra sea menor en términos de porcentaje, potenciaría otras figuras, como el uso del gasto para rebajar la base tributable desde 65 a 70%.

Además, ahora la certificación se puede hacer cuando la iniciativa de investigación ya comenzó.

"Anteriormente había que certificarse antes de partir con el proyecto, ahora se puede registrar cuando ya esté iniciado, aparte de que involucra menos papeleo", señala Von Igel

Y los operadores con que la empresa decida trabajar no necesitan estar certificados por Corfo, lo que abre las puertas para establecer alianzas con empresas e instituciones, de distinto tamaño, y tanto nacionales como extranjeras.

"Antes, una empresa agrícola se veía obligada a contratar a un tercero que debía estar certificado por Corfo. Con la nueva propuesta eso cambia sustancialmente. Además, que el Gobierno te pague casi la mitad y te dé la posibilidad de asociarte con instituciones de prestigio mundial cambia el escenario. En el agro las universidades se están informando de la oportunidad de hacer investigación aplicada. Se que en esa línea hay proyectos en la U. de Talca y en la Católica de Valparaíso; pero también otras universidades deberían beneficiarse, desarrollando proyectos conjuntos con empresas a través del subsidio tributario", sostiene Raúl Rivera.

Una demora excesiva

Pese a que distintos actores expertos y empresarios ligados a la industria coinciden en que la iniciativa es la solución para empujar una mayor inversión en investigación en el país, lo cierto es que los diferentes actores también coinciden en la demora en la aprobación de la Ley.

Hoy, el proyecto ya aprobado por la Cámara de Diputados, está en segundo trámite legislativo en el Senado, abierto para indicaciones. Esta semana debería verse en la Comisión correspondiente.

"Ahora depende del Parlamento. Después del paso rápido por la Cámara de Diputados, se ha paralizado un tanto el tema. En el Senado va más lento", reconoce Von Igel.

Los expertos sostienen que poner el acelerador en estos temas es clave para no quedarse atrás no sólo frente a los países de la OCDE, sino que también frente al resto de la Región.

A fines del mes pasado el gobierno peruano envió al Congreso el proyecto que propone la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así, se suma a la tendencia que impulsó Argentina el 2007, produciendo con ello un repunte de su actividad científica.

Hoy, 25 países de los 34 de la OCDE tienen ministerios y ministros dedicados a ciencia. En Chile la institucionalidad está en pañales, con leyes de varias décadas atrás que han sido maquilladas más bien por encima. Los expertos defienden que faltaría un Plan Nacional de Ciencia moderno y, ¿por qué no? al igual que un Ministerio de Desarrollo Social, uno dedicado a la Ciencia y Tecnología.

Pero, por ahora, el ajuste a la Ley 20.241, sería un paso rotundo para incrementar la investigación con los instrumentos que se tienen.

"Si de aquí al 2013 no la tenemos aprobada, no entiendo el foco o para dónde va la cosa, ni el sentido país de ser innovador. Brasil y Argentina vienen desarrollando iniciativas interesantes, y tenemos que generar las condiciones para estar en paridad, y empezar a liderar en los temas donde somos relevantes", sostiene Rivera.

Desde la Corfo tienen la esperanza de que el reajuste al proyecto se apruebe y entre en operación el primer semestre del próximo año.

Ir por esa línea permitiría potenciar un Chile a la vanguardia en el camino de la biotecnología y la genética, dando un salto en la transformación 2.0 del agro nacional.

El agro no es la excepción entre las pocas inversiones en I+D. El sector tiene que lidiar con cifras vergonzosas, como que más del 90 por ciento de las variedades que produce y exporta son traídas desde afuera. Un bochorno para un país que se jacta de ser potencia alimentaria.

"El ajuste a la ley es favorable, ya que nos permite canalizar los recursos de privados con empresas asociadas", explica Jaime Kong, del Consorcio Tecnológico de la Fruta.

¿Qué pasó con los Consorcios?

Aunque la Ley de incentivo tributario a I+D es una herramienta de financiamiento interesante para la investigación nacional, hay otras que también resultan atractivas, como el financiamiento al proyecto de los consorcios tecnológicos. Aunque hasta hace poco había total incertidumbre sobre cómo seguirían financiándose, porque se había acabado el proyecto inicial de cinco años y no había claridad sobre si el Gobierno renovaría el plan, hoy hay más calma entre los consorcios agrícolas, como los del vino, de la fruta, de la leche y de la carne ovina.

"Se supone que el próximo año se van a implementar unos fondos dedicados a los Consorcios desde el Ministerio de Economía. Tendríamos que volver a postular para acceder a financiamiento, y así seguir operando con nuestros proyectos. Aunque no es oficial, se habla de un apoyo inicial de hasta diez años", explica Sebastián Ganderats, del Consorcio Lechero.

Fuente: Revista del Campo