Una extendida y profunda crisis que abarca a todo el sector frigorífico, con cierres de fábricas, suspensión de operaciones y desocupación, ha tenido su origen en 2006 a partir de una tan profunda como negativa intervención del gobierno nacional en la economía ganadera, su industrialización y comercialización.

Ocurre que, a partir de aquel año, con un recuperado nivel de actividad ganadera, con 60 millones de cabezas, una producción de 3 millones de toneladas de carnes y con los mercados del mundo ávidos de alimentos en general, surgió un indomable propósito intervencionista, nunca antes tan vigoroso, basado en la prohibición de exportar, la asignación de cuotas y permisos de exportación, precios controlados y fijación de porcentajes de producción para exportar a condición de vender una parte al consumo local a precios reducidos. Todo ello por entender que así se privilegia la mesa de los argentinos.

Ni las ahora 30.000 toneladas de cuota Hilton de alta calidad y precio, destinadas a la Unión Europea, cumplidas durante los 30 años de vigencia, se salvaron de las podas exportadoras. Se estima que en el ciclo actual perderán su condición privilegiada con motivo de su anómala distribución entre las empresas exportadoras unas 10.000 toneladas que significarían una merma de ingresos del orden de las 25 a 30 millones de dólares en circunstancias en que se implementa una inconcebible reducción de importaciones en lugar de promover las exportaciones, sujetas a obstáculos de todo tipo.

La sucinta descripción realizada ha llevado, juntamente con la participación de la sequía de los años 2008 y 2009, a una reducción del plantel ganadero de entre 8 y 10 millones de vacunos, determinante de una gran reducción del consumo interno de estas carnes que, de los 65 kilos por habitante y por año, disminuyó a 53 kilos, lo que muestra crudamente que el deseo de privilegiar la mesa de los argentinos ha conducido a un contundente y costoso fracaso.

La exportación, por su parte, quedó reducida en 2011 a 240.000 toneladas, una cifra escalofriante que coloca al país por debajo de las ventas de los socios menores del Mercosur.

Con el consumo doméstico y la exportación severamente reducidos, la consecuencia para la industria procesadora no puede ser otra que la ya citada. Se estima que se han perdido 7000 empleos, que crecerían en las próximas semanas a 14.000.con el cierre de 120 empresas fabriles. Una sola firma en Venado Tuerto, Santa Fe, cerró sus puertas dejando sin empleo a 500 personas, un conjunto gravitante para esa importante comunidad.

Las medidas que podrán adoptarse serán simples paliativos si no se va al origen o causa del tema, que significa lisa y llanamente la eliminación de la parafernalia intervencionista y distorsiva que constituye la clave del descalabro.

De procederse de la manera adecuada, el problema se irá acotando y reduciendo en la medida en que las propias empresas, aún en severa crisis, procurarán sortear la situación en el entendimiento de que ésta será transitoria. En cambio, la subsistencia de la política que ha llevado a la crisis conducirá a su profundización, tornando inútiles las medidas de contención.

Es hora de que el gobierno nacional se decida a realizar un análisis técnico, sereno y equilibrado, que permita restituir a este importante sector la productividad y la competitividad del pasado, irradiando estas virtudes a la cadena pecuaria y a la sociedad en su conjunto.